EN
SAYO “JUSTICIA PENAL MILITAR”
Presentado
por:
JESUS
OVIDIO ESCOBAR
Docente:
Lic.
DANIEL ROJAS
ESCUELA
SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CETAP
MIRANDA
V
SEMESTRE
MIRANDA-CAUCA
2020
INTRODUCCIÓN
En el contenido del presente ensayo quiere inferir el por qué
La justicia Penal militar a pesar
que administra justicia no hace parte de la rama del poder judicial y si de la
rama ejecutiva en teniendo en cuenta
una serie de artículos de nuestra constitución
política, como la sentencia C-37 de 1996
de la corte constitución
DESARROLLO
¿LA JUSTICIA PENAL
MILITAR HACE PARTE DEL PODER
LEGISLATIVO?
La
justicia Penal Militar es la que se encarga de investigar y juzgar a
funcionario de la fuerza pública con
hechos relacionados en el desarrollo de
sus servicio, su legislación esta direccionada en base al decreto 2250 de 1988,
reformada por la ley 522 de 1999 ,
teniendo como fundamento constitucional
el artículo 221 que manifiesta “De los delitos cometidos por los
miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo
servicio conocerán las Cortes Marciales o tribunales Militares con arreglo a
las prescripciones del Código Penal Militar. Tales Cortes o Tribunales estarán
integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro”. (REPUBLICA, 1991)
La
justicia Penal Militar puede conocer de todos los delitos siempre y cuando estos sean cometidos por funcionarios de la
fuerza pública en función de sus servicio y con ocasión del mismo a excepción del genocidio, tortura y
desaparición forzada que debe ser de conocimiento de las justicia ordinaria, no
existe sentencia anticipada ni rebaja de penas, administrativamente está
conformada por la dirección ejecutiva de
la justicia penal militar, está bajo el control de la procuraduría en la
función judicial y en segunda instancia
ante los magistrados y fiscal del tribunal superior militar.
No
hace parte de la rama judicial según sentencia c-037 de 0 5/02/1996
“Artículo 5o. autonomía
e independencia de la rama judicial. La Rama Judicial es independiente y
autónoma en el ejercicio de su función constitucional y legal de administrar
justicia. “Ningún superior jerárquico en el orden
administrativo o jurisdiccional podrá insinuar, exigir, determinar o
aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios
que deba adoptar en sus providencias”. (CONSTITUCIONAL, 1996)
Como es sabido, el propósito fundamental de la
función judicial dentro de un Estado de derecho, es el de impartir justicia a
través de diferentes medios, como son la resolución de los conflictos que se
susciten entre particulares, o entre éstos y el Estado, el castigo a las
infracciones a la ley penal y la defensa del principio de legalidad. Para ello,
la administración de justicia debe descansar siempre sobre dos principios
básicos que, a su vez, se tornan esenciales: la independencia y la
imparcialidad de los jueces penales militares no
integran esta rama judicial, pues estos
no se encuentran incluidos dentro de los órganos previstos en el Título VIII
superior y el hecho que la ley le haya atribuido a la Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia el conocimiento en casación de las sentencias
proferidas por la justicia penal militar, no significa por ese sólo hecho que
ella haga parte de la rama judicial
De conformidad con lo dispuesto en esta providencia, la Corte considera
que a nivel constitucional existe una diferencia entre los órganos,
funcionarios o personas que pueden administrar justicia y los órganos,
funcionarios o personas que hacen parte de la rama judicial. Siendo este último
evento del que se ocupa el artículo 11 del proyecto de ley bajo revisión, debe
decirse que la estructura de la rama judicial no puede ser otra que la que
claramente se establece en el Título VIII de la Carta Política. En
consecuencia, cualquier otro órgano, organismo, funcionario o persona que no
haga parte de esa normatividad, si bien puede administrar justicia por
autorización expresa de la Carta Política y en desarrollo de la ley, no es
parte de esta rama del poder público.
En la sentencia c358 de 1997 los magistrados concluyen de que sean
cometidos por miembros de la fuerza pública y que no tengan relación con el
servicio, debe ser de conocimiento de la justicia ordinaria, pues, por
definición, escapan al fuero militar, consagrado en el artículo 221 de la constitución, uno de
cuyos presupuestos es precisamente el de los hechos punibles correspondientes
sean perpetrados por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en
relación con el mismo servicio. Implica la aplicación restrictiva de la palabra
“en relación con el mismo servicio” interpretación restrictiva encaminada a
fortalecer la administración de justicia y la protección de los derechos
fundamentales. (JORGE ARANGO MEJIA, 1997)
La sentencia c591 de 2005 ratifica la incompetencia de la jurisdicción
ordinaria de conocer de los delitos
cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo en relación al
mismo con una interpretación sistemática del artículo 221 constitucional en los
que indica que serán de conocimiento de las cortes marciales o tribunales
militares con arreglo a las prescripciones del código penal militar. (SIERRA, 2005)
En el
transcurso de los años y con el propósito de obtener un equilibrio en los
procesos que garanticen la trasparencia e imparcialidad tanto al investigado
como a la víctima, se han pasado
procesos por las características del compromiso que se adquiere de la justicia
penal militar a la justicia ordinaria pues el fuero militar no
está para evadir la justicia. En año 2003 el ministerio de defensa llego a un convenio con la fiscalía general
de la Nación para que funcionarios del cuerpo técnico de investigación realizaran
los levantamientos.
Cantidad de cuestionamientos hacia justicia
penal militar pues la corte suprema de justicia ha encontrado cantidad de
defectos en los fallos emitidos por la
justicia penal militar, donde se evidencio que por el afán de terminar los procesos, fallaban
únicamente basados en unos datos o
argumentos a los que no se
verificaba ni tampoco contaban con soportes técnicos que avalen como se
ejecutaron las víctimas en manos de sus victimarios en los mencionados fallos. Hechos que han llevado
a la sociedad a conceptualizar al fuero militar
como una forma de silenciar las investigaciones, donde lo único que se busca es conocer la verdad la
justicia y la reparación.
CONCLUSIÓN:
Teniendo
en cuenta lo relacionado en la sentencia C-037 de 1996 y en la constitución política de 1991 se
puede determinar que la justicia penal militar, encarga de investigar y juzgar
a funcionario de la fuerza pública con
hechos relacionados en el desarrollo de
sus servicio desde sus inicios de la
elaboración de nuestra constitución fue incluida
a en la rama ejecutiva adscrita
al ministerio de defensa al tribunal
militar superior y que dada a ser tenida en cuenta ente los organismos que
ejercen función judicial.
Se
le quiso incluir e imponer una
estructura dentro de la rama judicial lo que la corte constitucional lo declaro
inexequible dado que el hecho de tener atribuciones judiciales no implicaba
pertenecer a la rama legislativa y que según la constitución política de
Colombia solo hacen parte de la rama
judicial aquellos que están
relacionados en el título VIII y si
bien existe otro órgano entidad o
funcionario que no haga parte de esa normatividad, dada a una jurisdicción especial o
autorización expresa en la carta política
no hará parte de la rama legislativa y tener asignada constitucionalmente una competencia judicial, no implica
la adscripción o pertenencia a la Rama Judicial.
Es
importante destacar que ante la
situación que vive le país, que si bien es cierto que los miembros de las
fuerzas armadas requieren de una
defensoría competente, profesional y
especializada , juzgados por personas que no muestren apatía hacia los uniformados
con conceptos claros referente a los
derechos humanos, como el desenvolvimiento de los integrantes dentro la tarea encomendada, que conozca a propiedad
las normas que se aplican en el marco de los conflictos armados que les permita
juzgar adecuadamente.
Es
indispensable despejar los interrogantes que tienen las víctimas del conflicto armado
de conocer la verdad de lo sucedido dentro del marco de las confrontaciones
armadas, por lo que es vista la justicia penal militar como un mecanismo muy
frágil vulnerable que entorpece y no muestra claridad. La sociedad actual
busca impedir la ampliación del alcance
de la justicia penal militar en el juzgamiento por las violaciones a los
derechos humanos, que conllevan a la impunidad por esta clase de hechos, esta
justicia tergiversa los principios fundamentales del derecho internacional humanitario,
desconociendo su complementariedad en este marco jurídico.
El
desconocimiento de las recomendaciones
de la corte interamericana de derechos humanos en la que justicia penal militar debe tener una
aplicación excepcional, materialmente limitada a bienes jurídicos castrenses,
es otra de sus falencias, de allí la desconfianza y la
exigencia de las víctimas de
nuevos mecanismos, sistemas que incluyan el carácter restrictivo y excepcional
que únicamente debe juzgar a integrantes activos de la fuerza pública por la
comisión de delitos o faltas que por su
naturaleza vulneren bienes jurídicos del orden militar.
Las
investigación por las violaciones de los
derechos humanos, como de las infracciones al derecho internacional humanitario
sean de conocimiento de la justicia
ordinaria a la que se le debe de
dotar de buenos recursos humanos,
técnicos como económicos que permitan esclarecer estos delitos con imparcialidad e
independencia, impidiendo que la justicia penal militar se haga la
ciega, influenciada por el gran
poder político que existe dentro de la
fuerza que la coacciona en su interior de
operando con impunidad .
Bibliografía
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1996). legal legis. Obtenido de
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SIERRA, A. B. (junio de 2005). Corte
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